Constituye un deber de los poderes públicos garantizar el máximo bienestar posible de vida a todos los ciudadanos y facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social, ya que existe en nuestra sociedad, un círculo considerable de ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Es compromiso de estos poderes públicos mejorar las condiciones de vida en un círculo considerable de ciudadanos que padecen alguna de estas discapacidades.

Por otro lado, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda tiene encomendada la tarea de gestionar, promover y controlar las medidas tendentes a eliminar progresivamente y de manera definitiva las barreras que impiden a las personas que padecen alguna limitación, el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanos constitucionalmente reconocidos.